El anteproyecto convierte a la SGAE y entidades análogas en órganos "judiciales" capaces de calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario y a los prestadores de servicios en empresas al servicio de estos supuestos jueces, encargadas de retirar los contenidos “ilícitos” por obra y gracia de unas organizaciones privadas, alterando gravemente el papel de quien única y exclusivamente tiene que facilitar infraestructuras.
La medida no sólo alcanza a las distribuciones presuntamente no autorizadas efectuadas desde portales, sino incluso que se extiende hasta los ordenadores de particulares ( Programas "P2P").
