A mi me parece que los casos no son comparables dunkin:Primero porque el coche no es un bien de primera necesidad y segundo porque los fabricantes de coches no construyeron pongamos cinco millones de coches de más por sus santos cojones y luego pidieron ayuda al gobierno para venderlo.
En cuanto a las minas y astilleros el tema es radicalmente distinto porque se trataba de empresas públicas y evidentemente los trabajadores reclamaban al gobierno porque era a quién tenían que reclamar.
Por otra parte me parece lógico que si el sector inmobiliario a líado la que ha líado con la total connivencia del estado que les ha confiado el peso del crecimiento económico a estos hamigos ahora ellos le pidan que siga echando una mano para mantener a flote el tinglado, más aún cuando ya se ha hecho en el pasado.
Siguiendo con el tema vivienda pongo un par de fragmentos sacados de 'El confiencial' una noticia relaccionada con el FMI y un artículo de opinión sobre las deducciones por la compra de vivienda:
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo este jueves que el valor de la vivienda debe caer entre un 15 y un 20 por ciento en España, que sufrirá además una contracción importante de la inversión residencial. Roberto Cardarelli, un experto del FMI en los mercados inmobiliarios, calificó el actual nivel de precios como "insostenible" y auguró una contracción.
"Los precios están sobrevalorados en entre un 15 y un 20 por ciento, por lo que deberán caer en entre un 15 y un 20 por ciento, en términos reales", es decir, descontada la inflación, dijo Cardarelli en una entrevista con la agencia EFE.
Curioso, muy curioso, que la primera iniciativa parlamentaria que ha presentado el grupo Popular en el Congreso en esta legislatura tenga que ver con la ampliación de las deducciones por adquisición de vivienda. La medida no tiene ni pies ni cabeza, como vienen diciendo desde hace años tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la OCDE. Pero, a pesar de eso, el Partido Popular se ha empeñado en sacar adelante una propuesta que sólo cuenta con el respaldo declarado de promotores y constructores, siempre tan liberales a la hora de la intervención del Estado en la economía, pero keynesianos hasta la médula cuando de lo que se trata es de subvencionar, de forma encubierta, la compra de casas.
La política de deducciones a la vivienda es un viejo instrumento de política fiscal puesto en marcha en España -al menos de forma contundente- en los tiempos de Miguel Boyer como superministro de Economía del primer gobierno socialista. Con esas deducciones -mucho más generosas que las actuales- se pretendía estimular un mercado deprimido en un contexto de recesión económica. Estamos hablando de los primeros años 80, tras el segundo choque petrolífero. En aquel momento, tirios y troyanos saludaron la iniciativa convencidos de que servía para sacar a España del marasmo económico revitalizando un sector intensivo en mano de obra.
Esa política de deducciones se mantuvo, incluso, a finales de los años 80, cuando estalló el primer boom inmobiliario de la democracia (no vayan a creer que esto de las burbujas es un invento nuevo). Ya por entonces, y desde dentro del Ministerio de Economía, se alzaron voces contra la decisión de mantener esas deducciones. No tenía sentido seguir subvencionando un negocio que iba viento en popa. Era como echar leña al fuego. Llegó la recesión de los 90 y el debate se acabó. Se mantuvieron las deducciones con el argumento de que no se podía endurecer la fiscalidad de la vivienda en aquellas circunstancias económicas. Al poco tiempo, se nos echó encima otra explosión del ladrillo; pero, a pesar de eso, nadie hizo nada por evitar interferir en las leyes de la economía mediante estímulos fiscales artificiales que sólo empujaban en una dirección; el encarecimiento de la vivienda. Como decían el FMI y la OCDE.
La protección del ladrillo
El resultado de esta política ‘proteccionista’ del ladrillo se ha traducido en una factura que crece año tras año para las arcas públicas. Eso sí, con un triste resultado. Los ciudadanos sufren una doble paradoja. Pagan bastante más por sus pisos (el precio de la vivienda se ha multiplicado por tres en los últimos años), pero también se ven obligados a gastar más por vía fiscal. Veamos. Los beneficios fiscales para facilitar el acceso a una vivienda y fomentar la edificación superarán este año, según lo presupuestado, algo más de 9.116 millones de euros. Es decir, Hacienda deja de ingresar una inmensa cantidad de dinero (que se podría destinar a otros fines) en aras de una pretendida política social, pero, al mismo tiempo, los contribuyentes ven como el precio de las casas no ha dejado de subir.
Ahora el PP viene a decir que lo que hay que hacer es no sólo mantener la política de deducciones sino aumentarla, lo cual carece de cualquier rigor económico. Al contrario de lo que ocurría en los 80, el problema de la vivienda en España no tiene que ver con la demanda, sino con la oferta, que ha sobrepasado con crecer cualquier racionalidad económica. El problema es que este país se volvió loco hace algunos años y llegó a creer que cada año se podían vender 800.000 viviendas como si nada y al precio que fuera. Desafiando los ciclos económicos, los tipos de interés y la capacidad de endeudamiento de los hogares, y hasta haciendo caso omiso a las más elementales leyes del mercado. Ese desajuste entre oferta y demanda -sobre todo en algunas zonas geográficas- es lo que está detrás del pinchazo del ladrillo y no otra cosa. Y por eso, intentar influir en el mercado inmobiliario mediante ayudas fiscales sólo llevará a la ruina a las cuentas públicas y a poner lo cimientos de una nueva burbuja que sólo favorecerá a quienes hoy piden más deducciones.
Mi postura es: Si antes les parecía horrible que el gobierno hubiese intervenido en el mercado para contener los precios no les debería parecer bien que ahora interviniese para mantenerlos aunque solo fuese por mantener un poco de coherencia en el asunto.
