Un pequeño resumen de la historia de la piscina publicado por 'periodista digital':
Joaquín Calvo Sotelo -antiguo propietario de la mansión que ahora posee Pedrojota en la costa mallorquina de los Pinos- construyó una piscina el 1974 con una concesión que caducó poco después de su muerte (1995), porque su viuda, Giuliana Arioli, dejó de pagar el preceptivo canon. En 1999 Pedrojota y Agatha Ruiz de la Prada adquirieron el chalet y la piscina a Giuliana Arioli. Se dice que no fue posible renovar la antigua concesión porque la administración la había anulado.
En el año 2001, en tiempos del ministro de Medio Ambiente Jaume Matas, Giuliana Arioli obtiene una "nueva" concesión para la piscina de Pedrojota, que ha sido reformada y ampliada, y que , se dice que incumple de forma flagrante la Ley de Costas de 1988, donde se establece de forma tajante que no se puede construir una piscina de uso privado en el dominio público marítimo terrestre.
La carretera de Costa de los Pinos conduce a ninguna parte. En el tramo final aparece un mirador colgado sobre un acantilado. Al volver sobre los pasos, el paseante divisará de nuevo la enorme verja metálica pintada de blanco que rompe con la armonía del resto de construcciones. Sobre el asfalto ardiente, sentado en un taburete y debajo de una sombrilla, observará un guarda jurado que vigila la nada día y noche, y así durante el largo verano.
¿Quién puede vivir en el interior de aquella especie de fortaleza? Sólo alguien que se siente amenazado pero que, a la vez, hace ostentación de poder. Algo contradictorio, si no fuera la casa de Pedro J. Ramírez, el periodista que destruyó el «felipismo» pero que cayó en la trampa infame de un vídeo de contenido sexual; el mismo que entronizó al ultramontano Aznar y, sin embargo, pedía en el libro de estilo de su periódico la «convocatoria de referéndums de autodeterminación en todas y cada una de las comunidades del Estado español»; el mismo que entrevistó a la cúpula etarra en Francia, y dice que lo volvería a hacer, pero que se siente mortalmente amenazado por ETA; la casa, en fin, invisible por fuera, pero que todo el mundo puede conocer de la mano de Ágatha Ruiz de la Prada en las revistas del papel couché.
A pocos pasos de la muralla blanca hay un camino público que conduce hasta el mar. Parece que algún vecino lleva años intentando que nadie pueda pasar por allí, porque hay ramas y palmas secas esparcidas por los peldaños sobre los cuales, incluso, se levantan pinos fornidos. Los últimos alcaldes de Son Servera se habrán sumado a la iniciativa, porque las brigadas de limpieza no se acercan al lugar. Al final del camino se abre el mar, que azota con suavidad una pequeña cala donde toman el sol algunos pocos vecinos.
Tal cual fuera la proa de un buque, a la derecha se levanta un muro en piedra viva que rompe las olas. La costa ha sido arrasada pero decorosamente encimentada. En lo alto se aprecian unas barandillas blancas detrás de las cuales está la piscina pública de la familia Ramírez. La terraza-solarium es amplia, con grandes pinos y césped detrás. Poco más se puede ver. Hay que trepar por unas rocas si se quiere pasar. Da igual: en lo alto, un guarda impedirá el paso. «Cuidado que voy armado», le dijo uno a la fotógrafa Teresa Ayuga cuando ésta se disponía a captar el espacio. «Espero que no me pegues un tiro», respondió ella bromeando.
Tiene gracia: la piscina y el solarium fueron legalizados por el ministro Jaume Matas en 2001 con carácter «general, público y gratuito», algo que habría que agradecer a quien hoy es presidente del Govern balear. La orden ministerial exige un vial de acceso a las instalaciones, pero no existe. Por no haber, tampoco hay socorristas, ni el chiringuito con el que se supone debe sufragarse la explotación. De hecho, el conjunto aparece cerrado al exterior, integrado en la propiedad privada, algo imposible, se mire como se mire. Pero así de contradictoria es a veces la realidad.
Hay quién se pregunta cómo es posible que se consienta semejante situación. Sin duda, porque la administración no aplica la ley. La concesión de la piscina pública de los Ramírez no ha sido anunciada por el BOE, un trámite de obligado cumplimiento. Se habría visto entonces que Pedro J. Ramírez ni su familia tienen derecho sobre el dominio de la instalación, porque no está a su nombre, sino al del antiguo propietario de su casa. Y ya se sabe que las concesiones no se pueden transmitir inter vivos. Se trata sólo de una contradicción más de las muchas que advierten aquellos que conocen los intríngulis del derecho administrativo.
Al volver sobre sus pasos, es posible que el paseante se cruce con una patrulla de la Guardia Civil. Es la tónica de las últimas semanas, esa presencia policial extraña y permanente en un lugar creado para que en agosto nunca pase nada, y mucho menos en las proximidades de la casa de los Ramírez.
El notario de Son Servera Francisco García de la Rosa libró ayer a Jaume Sastre el acta que el dirigente del Lobby per la Independència incluirá en la denuncia que presentará ante Demarcación de Costas contra la piscina de uso público situada junto a la propiedad de Pedro J. Ramírez en Costa de los Pinos.
El notario explica que el 25 de agosto de 2004 comprobó que «el acceso exclusivamente a pie (a la piscina) presenta una gran dificultad». Dice también que Sastre se dirigió a ella nadando y que, sin entrar en la instalación, conversó con dos personas, una de ellas con uniforme de guarda jurado. Después, «el requiriente desanda el camino y deshace la maniobra de aproximación. A mi requerimiento, me manifiesta que los guardas de seguridad le han impedido el acceso».
La Conselleria de Medi Ambient del Govern balear resolvió de forma definitiva imponer una sanción el 11 de abril del 2002 a la sociedad anónima Solares de Simba, titular de la casa en que veranean el periodista Pedro José Ramírez Codina y su familia, por un importe de 16.903,47 euros (2,8 millones de pesetas). El motivo fue, según consta en la documentación obtenida, «la realización de obras en la zona de servidumbre de protección sin contar con la correspondiente autorización».
Esta empresa, cuyo administrador único es en la actualidad el propio Ramírez, pidió al Ajuntament de Son Servera una licencia de obras para emprender la reforma interior del inmueble que está en la avenida del Pinar de la Costa de los Pinos, poco después de adquirirlo . No obstante, Solares de Simba no pidió permiso a Medi Ambient, cuando este requisito es indispensable para ejecutar cualquier trabajo en el área de protección. Por este motivo, la Conselleria redactó un boletín de denuncia el 5 de noviembre del 1999 y acordó el inicio de un proceso sancionador con fecha del 2 de enero del 2001.
Onofre Rullan, que entonces ocupaba el cargo de director general de Litoral, adoptó una resolución el 27 de julio de aquel mismo año contra la promotora de las obras y le impuso la sanción mencionada. La sociedad que controla Pedro J. recurrió esta resolución, pero los servicios jurídicos de la institución desestimaron todas las alegaciones que Jaime Tomás Verdera Alba había presentado en representación de los propietarios del inmueble. La decisión fue ratificada por la entonces consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló.
Solares de Simba había alegado, entre otros motivos, que el Ajuntament de Son Servera no les había notificado que fuera preciso el permiso del Govern para ejecutar la reforma, aunque el desconocimiento de la legislación vigente no exime de su cumplimiento. Medi Ambient consideró que «ambos permisos son independientes, por lo que no procedía el traslado de una administración a otra». En el mismo sentido, la Conselleria dejó claro en su escrito que para que fuera considerado el atenuante de «la voluntad de regularizar la situación» que prevé la ley Solares de Simba tendría que haber alegado a lo largo del procedimiento, o incluso en la resolución, «pero no en el momento de presentar recurso, como hizo el recurrente».
Demarcación de Costas de las Baleares no tiene constancia de que la orden ministerial que legalizó en enero de 2001 la piscina situada delante de la casa del periodista Pedro J. Ramírez y de su pareja, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como es preceptivo al tratarse de un dominio público. Este periódico tampoco ha podido localizarla en el BOE. Esta circunstancia sitúa la piscina, la concesión y todo el procedimiento que los envuelve, en una situación de muy atípicos.
Los expertos en derecho administrativo consultados por este diario coinciden en señalar que la orden del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido entonces por Jaume Matas, es «válida» y legaliza la instalación que usa hoy la familia Ramírez. Sin embargo, la no publicación que exige el artículo 146.12 del Reglamento de Costas resta «eficacia» a la norma.
¿Por qué razón la Dirección General de Costas no ha publicado en tres años la orden ministerial que convierte en «general, pública y gratuita» la piscina? Los expertos sólo pudieron hacer suposiciones, que van desde la ignorancia del procedimiento al extravío del texto hasta el trato de favor. Para aclarar este punto, resaltan, será muy importante conocer el expediente completo de la concesión y de las obras que se permitieron con ella. Es de especial importancia saber si han pasado final de obra y, en concreto, si lo construido se adecúa al proyecto suscrito por el ingeniero Juan José Lemn. Aclarar todos estos puntos corresponderá al Gobierno español, que será requerido para ello en el Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana, si es que antes no lo ha hecho la propia Dirección General de Costas
Jaume Sastre, representante del Lobby per la Independència, acudió de nuevo en septiembre de 2004 a la piscina situada delante de la casa del periodista Pedro J. Ramírez, en la Costa de los Pinos de Son Servera, acompañado de un notario, para que éste levantase acta dando fe de que la instalación impide el paso a los transeúntes en una zona de dominio público marítimo-terrestre y que, además, guardas jurados prohíben el acceso.
Así sucedió, cuando Sastre intentó por segunda vez en quince días acceder a unas instalaciones que son de carácter «general, público y gratuito», según la orden del ex ministro Jaume Matas en 2001. El notario tomó nota de todos los detalles y está previsto que mañana entregue el acta requerida por el lobby.
La plataforma pretende incorporar este documento a la denuncia que presentará ante la Demarcación de Costas, argumentando que «no se cumplen las condiciones de la concesión, según la cual «la piscina debería estar señalizada como zona de uso público y gratuito, y abierta a todo el mundo», apuntó Sastre.
Además, el profesor y dirigente independentista añadió que «tendría que estar delimitada la zona pública de la privada. Es decir, el muro debería estar donde acaba la casa de Ramírez y dejar libre la zona donde está la piscina. También debería existir una escalera para poder acceder». Para Sastre, todos estos incumplimientos «son motivo suficiente para que la Demarcación de Costas abra un expediente para revocar la concesión».
Durante muchos meses, las cosas siguieron en el mismo tono. El primer cambió llegó en mayo, cuando la ministra de Medio Ambiente -intentando salir del paso y no disgustar al director de El Mundo- ordenó que se suspendiera durante el periódo estival el caracter "público" de la piscina construida en zona pública.
De lo que se trata es de garatizar a Pedrojota unas vacaciones "tranquilas". La fórmula de la ministra socialista fue "razones de seguridad".
Lo que no esperaba nadie fue lo que ocurrió el pasado sábado, 13 de agosto, cuando medio centenar de manifestantes, encabezados por el diputado de ERC Joan Puig, asaltó este sábado la polémica alberca. Los guardaespaldas del director de El Mundo -auxiliados por dos guardas de seguridad privados-intentaron por todos los medios impedir el acceso de los intrusos y forcejearon con ellos, pero se vieron desbordados por los bañistas.
Todo ello ante la mirada atónita de Pedrojota y la presencia impasible de seis agentes de la Guardia Civil, de paisano, que habían sido convocados con urgencia por el poderoso periodista, para que protegieran lo que califica como "su propiedad" y que según los ecologistas mallorquines y el Ministerio de Medio Ambiente está situado en zona de dominio público e infringe la Ley de Costas. Los manifestantes se bañaron en la piscina y tras el festejo se marcharon tan campantes.
Los manifestantes utilizaron como vía de acceso la costa, que según la ley es propiedad pública y de libre acceso (al igual que el terreno sobre el que está instalada la espléndida alberca de los Ramírez), y no allanaron en momento alguno el espacio que legalmente pertenece al conocido periodista y a la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.
