La carta se centra en el caso concreto de Cataluña, donde ni siquiera se informa a los padres de los derechos lingüísticos de sus hijos. Y detalla un caso extremo en esta comunidad, de dos hermanos de 5 y 10 años, sordos de nacimiento, que tienen instalado un implante coclear, cuya lengua familiar, la que conocen, es el castellano. Ambos van a un colegio público de Cataluña y reciben el apoyo de un logopeda durante cuatro horas semanales. Asegura el defensor que, a pesar de la insistencia de los padres para que esas clases especiales las reciban en castellano, la Administración catalana impone que se llevan a cabo en la lengua cooficial.
Normal. Si (como vemos) no hacen excepciones con los subnormales, iban a hablarles en español a los sordos, que ni siquiera lo oyen.
